No era justicia lo que se impartía, sino «lawfare», esa palabra inglesa tan usada últimamente por periodistas, políticos y hasta ignorantes de su significado. Una guerra jurídica es lo mismo, pero parece como si al hacerlo en otro idioma que no es el nuestro la cosa resultara más interesante, aunque el significado, el contenido, no es otro que el de conseguir por mediación de jueces corruptos lo que no pudieron lograr los políticos en los plebiscitos, en las urnas mediante el voto libre y popular de los ciudadanos.
Lo que nos han estado vendiendo los políticos de la derecha española como el mayor de los casos de corrupción política, prevaricación y usurpación de caudales públicos, ha resultado ser una de las tramas políticas más descaradas para derribar a un gobierno de una comunidad, en este caso contra la andaluza. Javier Arenas, Zoido, Moreno Bonilla o Antonio Sanz, entre otros integrantes del PP, con la jueza Alaya a la cabeza, consiguieron lo que ya sabíamos, que se trataba de una persecución política. Era tan evidente… No es necesario ser un especialista en estos temas judiciales como para darse cuenta de cómo manipulan a la opinión pública.
El caso de los «ERE», más de 700 millones de euros, que acusaban día sí y el otro también de haberse llevado calentitos todos los políticos relacionados con el gobierno de la Junta de Andalucía en manos del PSOE, y «ni era tanto ni tan calvo», era saltarse a la torera la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía con una interpretación deliberadamente torticera en beneficio de los intereses del PP.
El procedimiento de los ERE da comienzo en febrero de 2009 con una denuncia de la propia Junta de Andalucía ante la fiscalía por grabaciones a dos directivos de Mercasevilla y de ahí el asunto pasó a los ERE, incluyendo las ayudas sociolaborales, el programa 31L, los anteproyectos de Presupuestos, los Proyectos de Ley aprobados por el Consejo de Gobierno, las leyes del Parlamento… Tras la fiscalización, la Cámara de Cuentas concluye que: «Entre 2001 y 2010, los pagos con cargo al programa 31L suponen 709,9 millones de euros, de los que 582 corresponden a ayudas sociolaborales a trabajadores y 128 a ayudas a empresas e instituciones. De los 6.400 trabajadores acogidos, 219 presentaban irregularidades y 71 eran intrusos, incluidos sin haber trabajado en esas empresas, lo que suponía una defraudación de 6,8 millones de euros. Se revisaron 217 ayudas a empresa e instituciones por un importe de 130 millones y se reclamaron su devolución por ayudas indebidas por un montante de 86″.
Todas esas ayudas no se sacaron de la manga ni se concedieron de forma ilegal, sino que fueron aprobadas con el apoyo de la cámara andaluza por unanimidad, incluso por los mismos actores del PP que a la postre culparon a dirigentes honrados de haber perpetrado el mayor botín de la democracia española. El mismo Zoilo dijo al respecto: “Todo el procedimiento se hizo con luz y taquígrafo. Los expedientes fueron intervenidos de conformidad por la Intervención Delegada de Hacienda”. Eduardo Zaplana también opinó en la Comisión de Investigación (de mayo a diciembre de 2012): “El procedimiento está amparado en bases legales: no sembremos la duda de la opacidad porque su desarrollo tiene un proceso garantista. Están intentando inventar responsabilidades que no existen”.
El sistema de aquellas ayudas no fue algo fuera de lo normal, nada oscurantistas, todo era claro, transparente. Un sistema que fue utilizado por el propio gobierno de la nación en prejubilaciones en Langreo y Mieres en 2018, al igual que Aragón, Castilla y León, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha, o la Xunta de Galicia. Pero en el PP, que son «gaviotas experimentadas en esto de la guerra sucia», se les encendió una lucecita y lo que era algo legal, pasó a ser, según dijeron: «una trama corrupta del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que para llevarla a cabo fingió y elaboró proyectos de Ley de Presupuestos de la Junta, claramente ilegales, que fueron aprobados sucesivamente por el Parlamento porque sus diputados y diputadas son unos incompetentes, que respaldaban disponer de dinero rápido y fácil y de modificaciones presupuestarias para llevar a cabo todas las tropelías queridas».
Entonces entró en escena la instrucción del caso con la popular jueza Alaya de protagonista. Sucedió sin más lo que se desveló por el senador del PP Ignacio Cosidó en un mensaje de WhatsApp a otros compañeros de partido: «Controlaremos la Sala Segunda desde atrás», la evidencia clara de las guerras sucias del PP con los jueces afines de actores principales. El resultado ya lo sabemos, metieron en la cárcel a inocentes para derribar a un gobierno legal, pues no se le puede culpar de prevaricador a políticos que hacen cumplir la legalidad de leyes aprobadas por gobiernos legalmente constituidos. La Justicia no está para dirigir el país a su antojo sino para hacer cumplir y respetar las leyes democráticas emanadas de los representantes del pueblo.
El primero en renovarse ha sido el Tribunal Constitucional y, ante el recurso de amparo de Magdalena Álvarez, Consejera de Hacienda y condenada por un delito de prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, las cosas comienzan a aclararse. Esperemos que otros tribunales, como el Supremo o el CGPJ, pronto se renueven y se empiece a ver la verdadera justicia democrática en este país, sin tanto prevaricador sinvergüenza con toga de respetable.
Autor y propietario de todos los derechos legales: Antonio Torres Rodríguez.
